La cancelación de datos policiales

20/01/2009

Los ciudadanos tienen Derecho a controlar la información que sobre los mismos detentan los responsables de tratamientos de datos, tanto públicos como privados, pudiendo cancelar o rectificar los mismos cuando sean innecesarios o erróneos.

El derecho de acceso a los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado viene consagrado en el artículo 104 de nuestra Constitución y desarrollado por la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos de carácter personal.

Dicho derecho, así como los de información, rectificación y cancelación, son derechos personalísimos independientes, de tal forma que el ejercicio de uno no es requisito para el otro, estando regulados en su aspecto material por la Ley Orgánica citada, cuyo desarrollo se complementa por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre y por la Instrucción 1/1998, de 19 de enero, de la Agencia de Protección de datos.

El derecho de información está recogido en el artículo 5 de la Ley Orgánica con la salvedad que tienen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, recogida en el artículo 22, de obtener datos sin consentimiento del afectado.

El derecho de acceso a que se refiere el artículo 15 de la Ley Orgánica, sólo podrá ser ejercitado a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el afectado acredite un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercitarlo antes; siendo un derecho personalísimo se ejercerá por petición dirigida al responsable del fichero con medio que garantice su identificación.

En este sentido es de aplicación la recomendación 87 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, “sobre utilización de datos personales en el sector policial”, cuyo principio 7º de establece la regla según la cual “los datos personales recogidos con fines de seguridad pública deben de ser cancelados una vez que ya no sean necesarios para tales fines”.

Dicha recomendación es consonante con lo establecido en el artículo 22.4 Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal que en su apartado 4, señala que “Los datos personales registrados con fines policiales se cancelarán cuando no sean necesarios para las averiguaciones que motivaron su almacenamiento.

A estos efectos, se considerará especialmente la edad del afectado y el carácter de los datos almacenados, la necesidad de mantener los datos hasta la conclusión de una investigación o procedimiento concreto, la resolución judicial firme, en especial la absolutoria, el indulto, la rehabilitación y la prescripción de responsabilidad”.

La propia Ley Orgánica en su artículo el 23 delimita el ejercicio de este derecho al establecer que la cancelación de los datos podrá denegarse “en función de los peligros que pudieran derivarse para la defensa del Estado o la seguridad pública, la protección de los derechos y libertades de terceros o las necesidades de las investigaciones que se estén realizando”.

Se considerarán antecedentes desfavorables de carácter policial los derivados de hechos tipificados en el vigente Código Penal como delitos o faltas, y que hayan dado origen a la instrucción de diligencias remitidas a la Autoridad Judicial.

Estos antecedentes serán susceptibles de cancelación y/o anulación, con arreglo a las siguientes normas:

  • Cancelación de oficio: Se tendrán en cuenta los plazos de prescripción de responsabilidad penal establecidos en el Código Penal.
  • Cancelación a instancia de parte: Se decretará en aquellos casos en que la Autoridad Judicial dicte sentencia condenatoria contra el solicitante, siendo preceptiva para llevarse a efecto, la previa cancelación de los antecedentes penales derivados de dicha sentencia, en el Registro Central de Penados y Rebeldes del Ministerio de Justicia.
  • Anulación: Procederá en todos los casos en los que la resolución adoptada por la Autoridad Judicial sea de absolución, sobreseimiento o archivo.

El Ministerio del Interior en su guía de trámites ha establecido los pasos a seguir para solicitar el ejercicio de los derechos de cancelación, rectificación y anulación de los ficheros a su cargo, así el Ministerio tiene declarado uno para la Policía Nacional denominado "PERPOL" PERSONAS DE INTERÉS POLICIAL, cuyo responsable es el Archivo Central de la Policía y otro para la Guardia Civil denominado "INTPOL", dependiente de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil; a dichos organismos es a quien hay que dirigir la solicitud.

En la misma debe constar los siguientes datos: Nombre y apellidos del interesado y fotocopia de DNI, salvo cuando por excepción se admita la representación legal, la cual acompañará con documento acreditativo, domicilio a efecto de notificaciones, concreción del derecho que se ejercita: Acceso, Cancelación, Anulación o Rectificación.

Para los derechos de rectificación y cancelación los requisitos exigidos, además de los anteriores, son los siguientes:

  • Certificado de las Autoridades Judiciales correspondientes, acreditando la resolución adoptada respecto al antecedente o antecedentes que se desean cancelar y/o anular.
  • En el caso de sanciones administrativas, certificación que acredite el pago efectivo de la multa o estar exento de responsabilidad por los hechos que motivaron los antecedentes.

La solicitud se debe realizar por un medio que acredite el envío, siendo conveniente presentarla por registro en la Subdelegación del Gobierno para así tener constancia de la fecha de la presentación, ya que a partir de ahí, dicha solicitud está amparada por las normas reguladoras del procedimiento administrativo, riéndose su tramitación por la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Ley 30/1992.

Una vez más esperamos haberles sido de utilidad, recordándoles que estamos a su disposición en la dirección Avd. Eusebio da Guarda 11 primero B, 15007, La Coruña, o en el teléfono 981 922 392.

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