Dignificación del Turno de Oficio

Dignificación del Turno de Oficio

16/03/2009

Esto significa que la Junta de Gobierno y, en su caso, la Comisión del Turno colegial, solo adoptará las medidas necesarias para la atención de los asuntos urgentes respecto a los que no quepa demora.

A esta situación se ha llegado, entre otras causas, después de que la Comisión Provincial de a Justicia Gratuita de La Coruña, durante el año 2007 y parte del 2008, denegase el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el ámbito penal a los imputados, por no aportar documentación, es decir, sin soporte documental alguno.

Dicha Comisión exigía, durante ese periodo, que el letrado que prestase el servicio de Asistencia Jurídica Gratuita, el denominado por todos “Turno de Oficio” rellenase una serie de campos sobre la capacidad económica del imputado, lo cual obligaba al abogado a “investigar” la solvencia o no del imputado, para el caso de que fuese insolvente y se viese rechazado el derecho a la asistencia por carecer de documentación, el abogado perdía su derecho a la compensación económica con cargo a fondos públicos, y tampoco podía cobrar al imputado, dada su condición de insolvente, para el caso de que fuese solvente se obligaba al abogado a iniciar un procedimiento farragoso para poder cobrar un servicio que ya había prestado.

A diferencia de la creencia popular de que los abogados del Turno de Oficio son abogados sin experiencia, hemos de indicar que para prestar servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, hay que ser abogado ejerciente, con más de tres años de experiencia, aunque en determinado asuntos se llega a exigir hasta cinco años de colegiación.

Así, en el Turno se encontrarán con abogados de sobrada experiencia que permanecen en el mismo, no por la retribución que cobran sino porque están prestando un servicio a los ciudadanos, quizá el más importante que es velar por su seguridad jurídica, protegiendo su derecho a la Defensa, Derecho expresamente recogido en la Constitución de 1978.

Además en ciertas materias como son los asuntos que tratan sobre menores de edad o sobre mujeres maltratadas se requiere una especialización a base de jornadas, ponencias y cursos, los cuales en ningún caso son gratuitos y hasta ahora  se han venido abonando por los abogados de su propio bolsillo.

Los diversos lugares donde se presta el servicio carecen de las mínimas condiciones, llegándose a dar la circunstancia de estar en un cuarto sin ventilación ni luz natural y sin un lugar donde poder hablar de manera confidencial con el imputado.

A esta penosa situación, hay que añadirle que los abogados del turno de oficio prestan su servicio sin que les cubra un seguro de accidentes y eso a pesar de que han de estar de guardia 24 horas, y que a veces se reciben llamadas a altas horas de la madrugada para asistir a un detenido, debiéndose trasladar entre las diversas dependencias policiales existentes en el partido judicial de La Coruña: La Coruña, Arteixo, Cambre, Carral, Oleiros, Culleredo y Cerceda, poniendo sus propios medios de transporte y pagándolos de su bolsillo.

Esto se ve agravado cuando hablamos de los compañeros que prestan sus servicios en las delegaciones de Arzúa, Carballo, Muros, Corcubion, Betanzos, Ribeira, los cuales han de estar de guardia una semana entera, con el consiguiente desgaste físico, anímico, económico y de desatención a sus clientes particulares.

En el momento del acuerdo de suspensión la Xunta de Galicia adeudaba a los Colegios de Abogados y Consello da Avogacía Galega más de 740.000 euros, en concepto de gastos de infraestructura del Turno de oficio y Servicio de Orientación  Jurídica, ya vencidos, de los que recientemente ha pagado parte pero sin ponerse por completo a corriente en el pago.

Por todo esto, los abogados del Ilustre colegio de Abogados de La Coruña nos hemos puesto en pie para conseguir que de una vez por todas se dignifique un servicio que los abogados prestamos gustosos a la sociedad pero al mismo tiempo reclamamos que la Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza promueva las modificaciones normativas necesarias para que cuando la denegación de la asistencia jurídica se produzca en la fase de asistencia al detenido, sea la propia administración autonómica quien directamente exija el reembolso de los importes devengados al beneficiario, a través del procedimiento de apremio contemplado en el Reglamento General de Recaudación; Que la Xunta de Galicia modifique la dotación presupuestaria referente a la justicia gratuita de modo que se pueda prestar un servicio de calidad en el que la formación de los profesionales sea gratuita, teniendo los mismos derecho a un seguro de accidente para los letrados de guardia sin que sea el Colegio de Abogados de La Coruña, como hasta ahora, quien lo abone, además de estar cubiertos por un seguro de responsabilidad Civil; La aprobación de un baremo de compensación económica digno que en ningún caso sea inferior al más alto de los existentes en España (en la actualidad el de la Comunidad Autónoma Vasca), dado que no existe razón alguna para que a los Letrados y Procuradores gallegos se les consideren de peor condición y perciban cantidades inferiores a cualquier otro profesional.

Frente a estas justas peticiones, la Conselleria de Xusticia, realizo una oferta que dividía a los abogados en dos categorías: los radicados en la Ciudad de La Coruña y los de los restantes municipios del partido, intentando una vez más provocar un cisma entre los miembros del Colegio al considerar prestaciones diferentes por servicios iguales, tildando la suspensión de “política” y rebajando el baremo por el que se pagan los servicios y que está contenido en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Galicia aprobado por el Consello de la Xunta de Galicia el 6 de Noviembre 2008.

Por ello, en la reunión del pasado 18 de febrero de 2009, se decidió de manera democrática y por una amplia mayoría de la Junta general extraordinaria del Ilustre Colegio de Abogados de La Coruña, mantener el acuerdo de suspensión, de manera provisional hasta que nuestras peticiones sean atendidas, de los Servicios Colegiales de Asistencia Jurídica Gratuita, en defensa de los derechos de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva y de igualdad, artículos 24 y 14 de la Constitución Española de 1978.

Agradecer a la Asociación de Comerciantes del Distrito Mallos, el poder expresarnos, como desde hace ya 4 años, con total libertad, recordándoles que estamos a su disposición en la dirección Avda. Eusebio da Guarda 11 primero B, 15007, La Coruña, o en el teléfono 981 922 392.

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