Acercamiento a las novedades de la nueva Ley de Tráfico

Acercamiento a las novedades de la nueva Ley de Tráfico

21/01/2010

Esta Ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado, en concreto en el número 283, el 24 de noviembre de 2009, y este dato es de vital importancia pues en su Disposición Final Séptima se contiene su “vacatio legis” es decir en momento de su entrada en vigor.

Esta Disposición Final señala que la Ley entrara en vigor a los seis meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo los artículos 9.bis 2, 59 bis, 77 y 78, que entrarán en vigor en el plazo de 1 año.

Señala también la Disposición Final que los efectos de esta Ley que sean favorables para el infractor, entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, por lo que reserva la “Facultad Sancionadora” para los Jefes Provinciales de Tráfico dependientes del Ministerio del Interior, ahora bien en aquellas Comunidades Autónomas que tengan dicha materia transferida son competentes los órganos de dichas comunidades que tengan dicha materia atribuida de conformidad con el artículo 71, teniendo que efectuar las notificaciones telemáticas a la Dirección Electrónica Vial de manera inmediata en el caso de las Comunidades y en el plazo de 2 años en el caso de los Ayuntamientos.

Una de las modificaciones más reseñables que hace la Ley es que, a partir de la misma, la cuantía de la multa se estipula en una cantidad exacta, hasta ahora existía una horquilla dentro de la propia sanción que dejaba cierto margen de liberalidad a la administración a la hora de imponer una u otra cuantía, hecho que motivaba muchos recursos y una gran cantidad de sentencias Contencioso Administrativas que rebajaban la cuantía adecuándola a las circunstancias del hecho.

   A partir de la entrada en vigor de la normativa, sólo la existencia de circunstancias adicionales concurrentes como los antecedentes del infractor o el peligro potencial creado motivará una especial graduación de la sanción. De este modo, y especialmente en la infracción consistente en exceder el límite de velocidad, el ciudadano tendrá certeza absoluta de las consecuencias de su comportamiento infractor, independientemente de la Administración que sobre él ejerza la competencia sancionadora.

Otra de las modificaciones es la derogación de la sanción consistente en la imposibilidad de obtener el permiso por el período de dos años tras haber sido denunciado y condenado por conducir careciendo de permiso.

La nueva redacción de la Ley viene a aumentar la presión de la Administración sobre el dueño del vehículo, el cual no solo debe conocer en todo momento quien es el conductor del mismo, sino que la introducción de un articulo nuevo, el 9 bis le obliga además de facilitar a la Administración la identificación del conductor del vehículo en el momento de ser cometida una infracción, aportando a la Administración copia de la autorización administrativa que habilite al conductor a conducir en España, cuando el mismo no figure en un nuevo registro, el Registro de Conductores e Infractores, creado con la única finalidad de controlar a los ciudadanos, así mismo tiene el deber de impedir que el vehículo sea conducido por quienes nunca hubieren obtenido el permiso o la licencia de conducción correspondiente.

Obsérvese que este articulo traslada al titular del vehículo obligaciones que lo único a lo que contribuyen es no a la seguridad vial sino a una mayor fiscalización de los conductores, convirtiendo una vez más a los ciudadanos en súbditos supeditados a la voluntad de la Administración, abundando en lo anterior la Dirección General de Tráfico asignará además a todo titular de una autorización administrativa de conducción o de circulación de vehículo, y con carácter previo a su obtención, una Dirección Electrónica Vial (DEV). Esta dirección se asignará automáticamente a todas las autorizaciones de que disponga su titular en los Registros de Vehículos y de Conductores, lo que en la práctica viene a significar que  la Autoridad Sancionadora podrá notificar a dicha dirección cualquier sanción, aviso o incidencia de conformidad con el artículo 59 bis 3.

Así mismo, la Ley considera en su artículo 65.4 falta grave el parar o estacionar en el carril bus, en curvas, cambios de rasante, zonas de estacionamiento para uso exclusivo de personas con discapacidad, túneles, pasos inferiores, intersecciones o en cualquier otro lugar peligroso o en el que se obstaculice gravemente la circulación o constituya un riesgo, especialmente para los peatones, lo que sanciona con multa de 200 €, equiparándolo a infracciones como saltarse un semáforo en rojo, saltarse un stop o un ceda el paso o circular sin el cinturón de seguridad, la conducción negligente, el no mantener la distancia de seguridad, cuestiones todas ellas de mucha mayor gravedad y/o peligrosidad para la circulación que estacionar en una parada de bus.

Otra de las irracionales y desproporcionadas novedades de la Ley es que la misma sanciona a quien conduzca vehículos que tengan instalados inhibidores de radar o cualesquiera otros mecanismos encaminados a interferir en el correcto funcionamiento de los sistemas de vigilancia del tráfico con multa de 6.000 €, frente a ello solo sanciona con multa de 500 € la conducción temeraria.

Sobre el concepto jurídico indeterminado “temeridad manifiesta” existe una consolidada doctrina jurisprudencial según la cual conduce temerariamente un vehículo de motor quien incurre en la más grave infracción de las normas de cuidado formalizadas en la Ley de Tráfico (Sentencia del Tribunal Supremo 561/2002) o, lo que es lo mismo, quien lo hace con notoria desatención a las normas reguladoras del tráfico (Sentencia del Tribunal Supremo 2251/2001).

Es clara la desproporción existente entre la sanción a quien hace uso de un dispositivo que anula un radar que mide un exceso de velocidad y en consecuencia anula la posibilidad de recaudación de la Administración y quien pone conduce de manera temeraria poniendo en riesgo bienes jurídicos de mayor importancia como puede ser la vida e integridad de las personas o su patrimonio.

Lo mismo hace con la sanción al titular o el arrendatario del vehículo con el que se haya cometido la infracción si incumple con la obligación de identificar verazmente al conductor responsable de dicha infracción, cuando sean debidamente requeridos para ello en el plazo establecido, infracción que será el doble de la prevista para la infracción originaria que la motivó, si es infracción leve, y el triple, si es infracción grave o muy grave.

A más INRI, se podrá aumentar en un 30% en atención a la gravedad y trascendencia del hecho, los antecedentes del infractor y a su condición de reincidente, el peligro potencial creado para él mismo y para los demás usuarios de la vía y al criterio de proporcionalidad.

Criterio este último, el de proporcionalidad, que solo se aplica para aumentar la cuantía de la sanción pero nunca para disminuirla, si se pretende disminuir la sanción la única vía es declararse culpable renunciando a presentar alegaciones, con independencia de que uno lo sea o no, realizando el pago voluntario de la multa, ya sea en el acto de entrega de la denuncia o dentro del plazo de quince días naturales contados desde el día siguiente al de su notificación, ahí sí se obtendría un descuento del 50 % de importe de la multa.

Sobre las sanciones derivadas de exceso de velocidad y al objeto de no extendernos demasiado y cansar a nuestros lectores dedicaremos otro artículo más adelante.

Una vez más esperamos haberles sido de utilidad, recordándoles que estamos a su disposición en la dirección Avd. Eusebio da Guarda 11 primero B, 15007, La Coruña, o en el teléfono 981 922 392.

Volver al Listado de Noticias